Rajoy legisla contra los parados, los acusa de ser unos acomodados que no salen a buscar trabajo. Con esta actitud demuestra el ataque contra los más débiles, contra los que peor lo están pasando con la crisis.
· RECORTA la prestación por desempleo por pérdida de un contrato a tiempo parcial. Ahora se calculará por las horas trabajadas. Antes era el 80% del IPREM.
· RECORTA los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción, imponiendo como requisito que hayan agotado sus prestaciones. Esto deja sin protección a más de 200.000 personas
· RECORTA hasta el 33% el límite máximo a abonar por el FOGASA en el pago a los trabajadores como consecuencia de insolvencia o concurso del empresario.
· FULMINA el subsidio especial para mayores de 45 años. Esta medida va a dejar sin cobertura a aproximadamente 165.000 personas.
· FULMINA el subsidio para mayores de 52 años que ahora, pasará a abonarse a partir de los 55 años. Esta medida va a dejar sin protección a más de 80.000 personas. Y su duración será hasta que el desempleado alcance la edad que le permita acceder a cualquier modalidad de jubilación (antes era hasta la edad ordinaria de jubilación).
· FULMINA la ayuda de 426€ al mes para los desempleados que agotaban prestaciones y al programa PREPARA que proporcionaba unos ingresos mensuales al desempleado, mientras recibía cursos de formación La prestación por desempleo, que baja del 60% al 50%. Se reduce lo que cobrarán los parados, a partir del séptimo mes. Supondrá una disminución de renta para el 80% de los perceptores de esta prestación. (Entre 800.000 y un millón de desempleados en los próximos dos años)
La retirada de la prestación por desempleo queda a la libre determinación de los inspectores de la autoridad laboral. Con simples “indicios” y sin la necesidad de un acta de infracción, cualquier desempleado puede quedarse sin prestación. Este cambio supone una gravísima alteración de los derechos de los trabajadores desempleados Además, la administración (el Gobierno del PP) se reserva la posibilidad de SUSPENDER CONVENIOS COLECTIVOS.
Además los demandantes de empleo no podrán salir del país bajo ninguna circunstancia. Si lo hacen se les suspenderá la inscripción en el registro de empleo durante 1 año. El PP vulnera de manera flagrante el Artículo 19 de la constitución.
Frente a estos Recortes Andalucía decide salir de la crisis protegiendo el empleo público. El gobierno central obliga a todas las comunidades autónomas a subir la jornada de los empleados públicos. Si Andalucía aplicara directamente estas medidas supondría la pérdida de 24.000 puestos de trabajo. Ante esta imposición, Andalucía va a hacer el ajuste con los siguientes criterios:
Manteniendo el máximo empleo público
Sin cerrar servicios públicos
Sin privatizar
El gobierno andaluz se propone repartir el trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad, protegiendo a las rentas más bajas y con carácter reversible.
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