El
Anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de Educación del Ministro Wert,
(LOMCE) contempla una contrarreforma en toda regla del actual sistema educativo
y consagra un modelo segregador, elitista, adoctrinador y recentralizador que
nos hace volver a los años sesenta. En vez de seguir construyendo una escuela
participativa y de calidad para una sociedad democrática, cohesionada, crítica,
moderna y plural, la LOMCE se concibe como aplicación a la enseñanza de una
ideología extremista de derecha que pretende naturalizar las fracturas
económico-sociales existentes e implementar, en beneficio de los poderosos, el
desecho del sistema educativo público, universal y gratuito, garantía de una
verdadera igualdad de oportunidades.
Esta
ley, si no se remedia, se va a aprobar sin consenso ni con los grupos políticos
representados en el Congreso, ni con la comunidad educativa.
Esta
Ley:
Rompe con la Igualdad de Oportunidades
Consagrada en la Constitución Española. Si hay una actividad humana con capacidad para cambiar la vida de las
personas y de las sociedades esa es la enseñanza. Nuestra constitución
establece que todos tenemos derecho a la educación. La Reforma rompe ese
principio y nos lleva a tiempo ya superados en los que la enseñanza estaba
reservada a las clases más pudientes.
Promueve la segregación del alumnado y de los propios centros, al no tener en
cuenta, en la perspectiva correctora de la desigualdad, las condiciones
socioeconómicas de que parten y en las que se desenvuelven. Obliga a elegir
desde edad temprana vías formativas que no tienen retorno condicionando el
futuro de los jóvenes.
Infravalora al profesorado degradando las condiciones materiales del trabajo
docente, aumentando la carga lectiva y las ratios, reduciendo medios y
programas de apoyo, imponiendo recortes en becas, comedores, libros de texto…, congelando
y reduciendo salarios, despidiendo a los interinos…
Impone una ideología retrógrada eliminando materias que sirven para analizar, con
espíritu crítico, la realidad compleja y plural de nuestra sociedad. En
contraposición aumenta la presencia en el currículo y da relevancia académica a
un credo particular, el católico, en todos los niveles educativos. Para colmo,
la reforma permite la enseñanza segregada por sexos, intentando burlar la
sentencia del Tribunal Constitucional que ha establecido claramente que con
fondos públicos no se pueden sufragar los gastos de la enseñanza que separa a
los niños de las niñas.
Introduce
la gestión empresarial en los centros. El director (siempre en singular y masculino, en el Anteproyecto) podrá
seleccionar al profesorado del centro en función del proyecto específico que
defina. Por tanto la propia elección del director queda en manos de la
Administración, restringiendo la participación de la Comunidad Educativa en la
gestión democrática de los centros, haciendo de los Consejos Escolares órganos
sólo consultivos en la mayor parte de los asuntos.
Favorece a las empresas privadas de la
enseñanza. Cede la gestión de los
centros públicos a entidades privadas. Los centros privados pueden seleccionar
más a su alumnado por la definición del "carácter singular del
centro". Aumenta el tiempo de duración de los conciertos educativos con la
privada de 4 a 6 años. Se extienden los conciertos a la nueva FP básica, con lo
que se abre la puerta a la concertación de la enseñanza no obligatoria.
En
conclusión esta Reforma no parece que tenga como objetivo mejorar los
rendimientos, luchar contra el fracaso o el abandono escolar. Más bien parece
que los problemas del Sistema educativo, amparados en una crisis económica se
utilizan como excusa para volver a un modelo antiguo, rígido, segregador y
elitista, y de paso favorecer la enseñanza privada.
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