El Grupo Municipal Socialista de Lanjarón lleva al Pleno del Ayuntamiento la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva. Por todas las mujeres de Lanjarón, por su derecho a decidir en igualdad de condiciones y sin depender de su situación economía.
SOLICITUD
DE LA VIGENCIA DE LA ACTUAL LEY ORGANICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 2/2010 DE 3 DE MARZO DE 2010
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estamos convencidos de que la
prevención de embarazos no deseados es el mejor mecanismo para evitar los
abortos en nuestro país. Este es el objetivo fundamental de la Ley Orgánica de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 2/2010
de 3 de marzo 2010 que, junto a la promoción de la salud sexual, se constituye
en la normativa vigente con la mayor capacidad para conseguir objetivos en
prevención y objetivos en salud.
Es una normativa acorde a la
existente en la mayor parte de los países de la Unión Europea y en el tiempo
que está en vigor, se apunta como eficaz en la consecución de una adecuada
prevención de embarazos no deseados en especial, entre las mujeres más jóvenes.
Tal como establece el preámbulo
de la citada Ley, el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación
están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo
de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos
fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y
moral y la intimidad personal y familiar.
El PSOE-A de Lanjarón considera
que la decisión de tener hijos y cuando tenerlos constituye uno de los asuntos
más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que
integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes
públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero,
también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y
responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención
sanitaria, asesoramiento o información.
La protección de este ámbito de
autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para
quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus
vidas en todos los sentidos.
Recientemente, se ha conocido la
voluntad del Gobierno de España de proceder a la modificación de la Ley 2/2010
para sustituirla por una nueva normativa que limita gravemente el derecho a la
interrupción voluntaria del aborto haciendo que la mujer con recursos pueda
desplazarse a cualquier país de la Unión Europea para abortar y quienes no tengan
recursos, tengan que acudir a la clandestinidad, con el consiguiente riesgo de
desigualdad y lo que es peor, con el consiguiente riesgo para la salud de la
mujer tanto desde el punto de vista de la morbilidad, como incluso de la
mortalidad de la mujer embarazada. Es un planteamiento que trata a la mujer
como un ser inferior, incapaz de decidir con autonomía y a quien habría que
imponer la decisión de no abortar en ninguna circunstancia aunque fuera contra
su voluntad y contra su bienestar.
Una vez más el Gobierno del PP ha
optado por aplicar su política ideológica más conservadora, recortando los
derechos de las mujeres. Una pérdida de derechos que supondría un riesgo para
la salud y la vida de las mujeres, omitiendo la obligación del Estado de acuerdo
a la normativa europea e internacional, de refrendar la protección y seguridad
jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón ha puesto de manifiesto de la ideología del Partido Popular,
cada vez más conservadora y reaccionaria. El PP ataca a la mujer más débil, a
la que posee menos recursos económicos, ya que con esta reforma volvemos a los
tiempos en que las familias con recursos económicos viajaban a Londres con
normalidad mientras muchas mujeres perdían la vida en las camillas de matasanos
clandestinos.
No quedando satisfecho con los
Recortes en Derechos que ha realizado su partido, el ministro elimina como
supuesto válido la malformación del feto. Mientras, también vota en contra a la
Ley de Dependencia, condenando a miles de dependientes que verán mermada su
calidad de vida y la de sus familiares, todo un ejemplo de hipocresía e
incoherencia.
El derecho a decidir de las
mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas está enfrentado con el prototipo de
feminidad que discrimina a las mujeres y que pretende imponer el gobierno con esta anunciada reforma.
Con esta moción seguimos las
recientes recomendaciones que Naciones Unidas ha realizado a España, con
ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), donde reconoce los derechos al
trabajo, educación, seguridad social y el derecho a garantizar el más alto
nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y reproductiva, sin
discriminación alguna. En ellas Naciones Unidas recomienda a nuestro
Estado/España garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de
marzo de 2010 en todo el territorio nacional y la adopción de un procedimiento
básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso equitativo a la
interrupción voluntaria del embarazo; para asegurar que el ejercicio de la
objeción de conciencia por parte de médicos y de otros miembros del personal
sanitario, no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a
un embarazo.
El planteamiento de la nueva ley
trata a la mujer como un ser inferior, incapaz de decidir con autonomía y a
quien habría que imponer la decisión de no abortar en ninguna circunstancia
aunque fuera contra su voluntad y contra su bienestar.
Por todo ello, el Grupo Socialista
del Ayuntamiento de Lanjarón presenta para su aprobación por el Pleno
Municipal, el siguiente ACUERDO:
1.
Instar al Gobierno de España en la
persona del Ministro de Justicia, para que abandone el objetivo de derogar la
Ley 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo y mantenga la vigencia de la misma, extremando su
cumplimiento para asegurar la prevención de los embarazos no deseados y la
inclusión de la interrupción voluntaria del embarazo como la prestación del
sistema sanitario público, con todas las garantías sanitarias para la mujer y
las garantías jurídicas para los profesionales sanitarios.
2.
Dar traslado del acuerdo al Gobierno
de la Nación, a todos los grupos que componen el Congreso de los Diputados, al
Gobierno de la Junta de Andalucía y a todos los grupos del Parlamento de
Andalucía.
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