sábado, 29 de septiembre de 2012

Los Recortes en Sanidad MATAN. Por una Sanidad Pública de calidad.

La Sanidad Pública ha sido uno de los grandes logros del Estado de Bienestar. No podemos permitir que los vecinos y vecinas de Lanjarón pierdan derechos escusados en el programa ideológico de la derecha en la que las personas con recursos económicos tienen derecho a curarse y las personas que no disponen de esos recursos no tienen.
 
El derecho a curarse debe ser universal. El PP miente cuándo dice que el Sistema Sanitario es insostenible. Insostenible es rescatar Bankia o crear un "Banco Malo" para hacer bueno a Bankia.
 
Porque creemos en la igualdad de derechos de las personas a ser curados el Grupo Municipal Socialista hemos presentado la siguiente moción al Pleno del Ayuntamiento:
 

SOLICITUD DE DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 16/2012 DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de Sanidad de 1986, es una conquista de la sociedad española.

El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en los principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las desigualdades en salud, habiendo conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado.

Una clave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario público radica en su carácter de sistema ampliamente descentralizado que ha permitido que las Comunidades Autónomas desarrollen servicios regionales de salud que han respondido de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población. 

El Sistema Nacional de Salud español dispone de profesionales sanitarios altamente cualificados sin cuya implicación e involucración con los objetivos sanitarios no hubiera sido posible alcanzar los niveles de calidad logrados en la Sanidad durante estos años.

Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su capacidad de dar respuesta a las necesidades socio sanitarias en base a la importante labor desarrollada desde el ámbito institucional de nuestra Comunidad Autónoma; de hecho, la sanidad pública regional y el conjunto del Sistema Nacional de Salud han sido tradicionalmente el servicio público mejor valorado por la población.

La caída de ingresos en todas las administraciones a causa de la crisis económica ha condicionado la adopción de medidas de control del gasto y de austeridad que permitan contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública.

Entre 2010 y 2011, el Gobierno de España adoptó conjuntamente con las Comunidades Autónomas un conjunto de acciones que permitieron rebajar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no afectaron ni la calidad de las prestaciones ni los derechos de la ciudadanía. 

En esos acuerdos, nuestra Comunidad Autónoma jugó un papel activo y protagonista. 

Fueron medidas de control del gasto farmacéutico, medidas de gestión centralizada de compras, medidas de coordinación institucional y otras que permitieron asegurar austeridad sin afectar derechos ni calidad.

Sin embargo, el acceso del PP al Gobierno de España ha tenido como consecuencia la caída de la confianza de la población española sobre la sanidad pública y su aparición como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.

 El pasado 24 de abril de 2012 el Gobierno de la Nación, con el objetivo inicial de recortar en 7.000 millones de euros el presupuesto sanitario de España, publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 16/2012, que pone a la deriva nuestro actual modelo sanitario, que se ha manifestado como uno de los mejores modelos de redistribución de la riqueza.

 Además, el Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme preocupación social al afirmar que la sanidad española no es sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacional de Salud, que ha tocado elementos esenciales del modelo al acabar con la universalización de la sanidad por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento ligado a la seguridad social. Un modelo en el que quién no esté incluido, tendrá que demostrar no disponer de ingresos suficientes para adquirir la condición de asegurado.

La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad solo para los asegurados y la beneficencia.

Esta modificación retrotrae al sistema sanitario a un modelo de aseguramiento similar al vigente en los años setenta y principios de los ochenta; antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad, de 1986.  Se vuelve a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70

Con el Real Decreto Ley, el Gobierno de la Nación abre la puerta al copago de muchas prestaciones por las que hasta ahora no había que pagar. A partir de ahora, para algo tan simple como para asistir a sesiones de rehabilitación por un accidente doméstico, un ciudadano con renta superior a 18.000 euros tendrá que pagar entre 800 y 1.000 euros de ambulancia, un caso que los vecinos y vecinas de Lanjarón sufrirán, ya que la rehabilitación es generalmente fuera de la localidad. Los parados, que en Lanjarón suponen 400 personas, tendrán que pagar por las ambulancias no urgentes, los productos dietéticos y las prestaciones ortoprotésicas que hasta ahora no pagaban.

El Gobierno de Rajoy, además amplia el copago farmacéutico a pensionistas y pacientes crónicos. Por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud, 1,5 millones de pensionistas andaluces  que hasta ahora no pagaban nada por sus medicinas han empezado a pagar un 10% de los medicamentos que necesitan. En la práctica esta medida equivale a una baja generalizada de las pensiones.  Los más perjudicados en Lanjarón serán las más 800 personas mayores de 65 años, lo que supone un 22% de las población del municipio que consumen más de 5 recetas al mes y nuestros mayores con más problemas de salud (crónicos, pluripatológicos, etc.), que necesitan más de 10 medicamentos al mes.

Y así, se abre la puerta a nuevos copagos sanitarios con el cambio normativo que el Gobierno ha realizado publicando el Real Decreto Ley 16/2002 en lo que supone un auténtico Decretazo aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso. 

El copago, por tanto, funciona como un impuesto a las rentas del trabajo, un impuesto sobre la enfermedad. Una vez más, en un momento de dificultad económica, la derecha prefiere dejar al margen a las rentas del capital para cargar sobre la mayoría, sobre quienes peor lo están pasando –clases medias y trabajadoras- las consecuencias de la crisis. Paga más quien menos tienen y quien más enfermo está.

Por otra parte, el Real Decreto Ley no garantiza el ahorro que está prometiendo el Gobierno del PP, en tanto que no tienen en cuenta los gastos burocráticos y de gestión que ocasionan las medidas propuestas. 

El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin realizar recortes en las prestaciones, sin mermar la calidad y sin implantar el copago sanitario.
 
Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y una política fundamental para la equidad y la cohesión.

MOCIÓN 

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Lanjarón presenta para su aprobación por el Pleno Municipal,  los siguientes ACUERDOS:


1.       El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Lanjarón solicita la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
 

2.       Instar al Gobierno de España a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales y Comunidades Autónomas para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986.
 
3. Dar traslado de  los acuerdos al Gobierno de la Nación, a todos los grupos que componen el Congreso de los Diputados, al Gobierno de la Junta de Andalucía y a todos los grupos del Parlamento de Andalucía.

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