El Partido Popular gobierna, a día de hoy, once de las diecisiete comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas, el 80% de los ayuntamientos correspondientes a las ciudades de más de 50.000 habitantes, tres de cada cuatro diputaciones provinciales y, desde el pasado 20 de noviembre, tras conseguir una amplia mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, también la Administración General del Estado. Si el próximo 25 de marzo consigue la mayoría absoluta en Andalucía y la posibilidad de gobernar en coalición con Cascos en Asturias, aglutinará la mayor cantidad de poder de las democracias europeas en la historia reciente. A este poder omnímodo emanado de las urnas es imprescindible añadir, qué duda cabe, los poderes económico y mediático que desde siempre, y en este país con más raigambre si cabe, han recaído en el favor de la derecha.
Desde que Rajoy llegara a la Moncloa hace tres meses la crisis y la manipulación torticera de la herencia recibida se han convertido en las excusas perfectas para acometer, con paso firme y marcial, las mayores reformas ideológicas de la democracia. Desde una reforma laboral que supone el expolio efectivo de los derechos fundamentales de los trabajadores en favor de un poder absoluto e incuestionable del empresario, hasta llegar a comparar el derecho legítimo de la mujer a decidir sobre su maternidad con una suerte de violencia de género estructural, pasando por cuestionar la sostenibilidad y supervivencia de los servicios públicos básicos universales y gratuitos (educación, sanidad y dependencia), el gobierno del señor Rajoy y los gobiernos autonómicos de la derecha están acabando, sin prisa pero sin pausa, con el Estado del Bienestar forjado durante más de treinta años de democracia.
Sin lugar a dudas, en Andalucía se han cometido errores, algunos de ellos muy graves. El asunto de los EREs fraudulentos nos avergüenza profundamente a todos los que creemos que la inmensa mayoría de los servidores públicos trabajan de forma honrada para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero también es cierto, y creo que hay que señalarlo con toda rotundidad, que la actitud del PSOE-A en este asunto ha sido, siempre y en todo momento, de colaboración con la Justicia y de autoexigencia para que, caiga quien caiga, se diluciden las responsabilidades penales y políticas correspondientes.
Pero Andalucía no es sólo fondo de reptiles, a pesar de los intentos continuados del Partido Popular por obscurecer la brillante gestión de los gobiernos del PSOE-A en materias sumamente importantes. Mientras que Esperanza Aguirre traslada 90 millones de euros de la escuela pública a la escuela privada o Feijóo suprime la gratuidad de los libros de texto, en Andalucía se ha generalizado la educación bilingüe, los centros TIC y se ha reducido en siete puntos básicos la tasa de abandono escolar. Mientras que los madrileños y los valencianos asisten desolados al mercadeo en sus hospitales públicos, la sanidad andaluza se sitúa a la cabeza de valoración ciudadana y como la prestataria de mejores y más avanzados servicios sanitarios. Mientras que los dependientes castellano-manchegos observan perplejos la pérdida de ayudas y servicios, Andalucía supera con creces la media de aplicación de la ley de Dependencia. Mientras que en Valencia Fabra echa a más de la mitad de la plantilla de investigadores del Instituto Príncipe Felipe (abocando a la otra mitad a la emigración), Pepe Griñán ha hecho de Andalucía la región en la que más se invierte en I+D+i, prestando especial atención al ámbito empresarial y de las pymes, en el que España anda aún a la zaga y, por tanto, sentando las bases para el imprescindible cambio de modelo productivo.
Los andaluces y las andaluzas tenemos la posibilidad de reivindicar, con nuestro voto, la vigencia de los servicios públicos de calidad en educación, sanidad y dependencia. Las andaluzas tienen la oportunidad de decirle alto y claro a Rajoy y a Arenas que están hartas de que, cuando gobierna la derecha, sus derechos pasen a ser delitos tipificados en el Código Penal. Los trabajadores andaluces tenemos el deber de levantar la voz y decirle a la derecha que la crisis no puede ser la excusa para regresar al régimen laboral de la dictadura. Los andaluces y las andaluzas, como en muchas otras ocasiones de la historia de España, tenemos en nuestra mano la oportunidad de poner un dique a la avanzadilla ideológica de la derecha, que nunca creyó en Andalucía, que siempre nos despreció, y que ahora se enfrenta a estos comicios crecida y henchida de ansias de revancha.
Por todo ello, vota PSOE, vota Andalucía.
Ignacio Gracía Fenoll
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