Año 2010. Se inicia el trabajo para que la Depuradora que
tiene que hacer el Ayuntamiento por ser de su competencia, se declare de
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la financie la Junta de
Andalucía con canon autonómico, que pagamos todos los vecinos/as en nuestro
recibo.
Año 2011. Consenso entre vecinos, comunidad de regantes, y
ayuntamiento a la ubicación propuesta por los técnicos (no por los políticos).
Comienza la redacción del proyecto.
Año 2014. El proyecto redactado llega al Ayuntamiento, sin
que el Ayuntamiento muestre disconformidad en nada.
Año 2017. Se procede a la información pública sin que el
Ayuntamiento presente alegaciones o se pronuncie.
Año 2018. Se incluye en los presupuestos de la Junta de
Andalucía para licitarla y comenzar las obras, pero no se puede licitar porque
el Ayuntamiento de Lanjarón no ha tramitado la calificación ambiental
preceptiva para licitar la depuradora por valor de más de 8 millones de euros.
8 años después, el alcalde no solo no realiza la
calificación ambiental, sino que cuando todos los plazos han terminado manda
una carta a la delegación para que se cambie la ubicación.
Año 2019. El pueblo del agua sigue vertiendo
incontroladamente al río y pagando una multa anual, mientras dedica todos sus esfuerzos a culpabilizar a un partido que
lleva 8 años sin gobernar. Mientras se ha perdido la oportunidad de que se inviertan
8 millones de euros en 2018 para que la depuradora sea una realidad, y se ha
tirado a la basura el proyecto técnico valorado en 100.000 euros.
Los socialistas seguimos en el mismo punto. Lanjarón necesita su depuradora y los responsables de que se haga son sus gobernantes.
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