El Grupo Municipal Socialista presenta una Moción al Pleno del Ayuntamiento de Lanjarón apoyo a la ley de dependencia. Una ley que para Lanjarón ha supuesto un motor empleo y la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 39/2006, de Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia (LAPAD) supone el mayor avance en
protección social en España en los tres últimos lustros, uno de los grandes
avances conseguidos por los socialistas que ha significado la consecución del
“cuarto” pilar del Estado de Bienestar.
En la actualidad esta Ley ha generado dictaminado a más de
un millón de personas en situación de dependencia, de los que 760.000 ya son
beneficiarios de una prestación o servicio. Una medida que mejora la calidad de
vida de los beneficiarios y sus familiares, además de generar empleo.
Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la Dependencia
debería haber alcanzado su madurez y mejorado adaptándose a las circunstancias,
contextos y necesidades, está sufriendo un acusado proceso de deterioro que
amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que durante
estos años ha generado en atención a las personas en situación de dependencia,
y en la creación de empleo. Este Sistema está siendo descuartizado a golpe de
Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e
incluso en las empresas que actúan en el sector.
Problemas que no sólo no se van a solucionar, sino que se
van a ver agravados por lo que es, de hecho, una derogación encubierta de la
Ley que va a reducir el Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes y
anulando este impulso de modernización del Estado con sus beneficios en la
protección social y calidad de vida de las personas en situación de dependencia
y sus familias, y también en convergencia con los países de nuestro entorno en
cuanto al modelo económico y la generación de empleo.
El Gobierno Central ha interferido gravemente en el
ejercicio y disfrute de derechos de las personas dependientes, y en la
posibilidad de que la Administración Autonómica continúe desarrollando los
procedimientos ya iniciados de reconocimiento de prestaciones a personas que
tengan admitidos determinados grados y niveles de dependencia moderada, según
el calendario establecido originariamente en la disposición final primera de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre. El PP ha dado carta de Legalidad a la
paralización de los expedientes de muchos dependientes.
Este ataque a la Ley de Dependencia se tradujo tras la
publicación en el BOE, de 31 de diciembre de 2011, del Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que
introduce en su disposición final decimocuarta una medida atentatoria contra
los derechos de las personas dependientes, al aplazar hasta el 1 de enero de
2013 la efectividad del derecho a las
prestaciones para aquellas personas que sean valoradas en el grado I de
dependencia moderada, nivel 2.
A todo esto, se suma el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad, publicado el 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema
de Atención a la Dependencia contiene medidas que son crueles con las personas
más vulnerables, al tiempo que son antieconómicas, por lo que la utilización en
el texto legal de expresiones como “mejora” o “sostenibilidad” son un insulto y
una mofa hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las
personas dependientes, sus familiares y hacia los profesionales del sector de
los servicios sociales.
Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente
improductivas y despiadadas las siguientes:
● La ampliación a dos años del plazo para resolver las ayudas
que hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de 4
beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54%
mayores de 80).
● El incremento de las aportaciones de los usuarios y los
descuentos sobre las prestaciones a percibir, lo que llevará al límite la
capacidad real las economías familiares.
● El copago que incrementará de manera importante las
aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando
la descapitalización de las familias.
● La eliminación de las compatibilidades entre servicios, lo
que impedirá la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y
atención personalizada de las personas dependientes.
● La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas
por cuidados en el entorno familiar en un 15% que si en si es negativa encima
ha permitido al Ministerio incluso criminalizar a los familiares que atienden a
las personas dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas
prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan
cientos de miles de familiares de afectados en España. La reducción afecta a
435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben en una media
de 55 € al mes.
● Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de
los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94% mujeres.
● En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel
mínimo en más de un 13%. Lo que supone que a los 283 millones recortados del
nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel
mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores
que se dejarán de abonar.
Todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar
intensidades y eliminar incompatibilidades, suponen de manera inmediata un recorte
de 1.000 millones de euros y la desatención a los más de 270.000 del “limbo de
la dependencia“ – personas que se les ha reconocido el derecho y están
pendientes de recibir la prestación o servicio- que no recibirán ayuda en los
próximos dos años y medio por lo que se puede afirmar con absoluta desolación
que el descuartizamiento de la Ley de Dependencia supone el fin del mayor
avance en protección social que se había producido en España en los últimos
años.
Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y
Atención de la Personas en situación de dependencia que la Ley reconoce como un
derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto
constitucional del Estado Social, cargando de nuevo sobre las familias el
cuidado de las personas en situación de dependencia sin apoyo alguno, y
trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las
iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía.
Estas medidas suponen un retroceso a prácticas predemocráticas
asistenciales y de beneficencia que marcaron el retraso de España con respecto
a países europeos de nuestro entorno.
MOCIÓN
Por todo ello, el Grupo Socialista
del Ayuntamiento de Lanjarón presenta para su aprobación por el Pleno
Municipal, los siguientes ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno de España para que retire los últimos
recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio,
de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito
financiero.
2. Instar al Gobierno Central para que no aplique los
recortes y la eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado,
suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba
para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de
283 millones de euros.
3. Que cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia que afecte a algunas de sus esencias, se lleve
a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el
Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto. Y que
se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, al menos al que se logró en
su aprobación.
4.
Instar al Gobierno Central a que derogue la disposición final decimocuarta del
Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
5. Dar traslado de
los acuerdos al Gobierno de la Nación, a todos los grupos que componen
el Congreso de los Diputados, al Gobierno de la Junta de Andalucía y a todos
los grupos del Parlamento de Andalucía.
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